El Salvador exhibe su política represiva con el traslado a prisión de miles de pandilleros

«La capacidad de generar más cárceles nunca va a ser una respuesta integral a la situación de violencia», explica la investigadora Verónica Reyna. En el establecimiento estarán presos los miembros de las maras Salvatrucha y Barrio 18

Parece una nueva serie de Netflix, pero es una megacárcel construida en tiempo récord para alojar a las violentas maras de El Salvador. Ubicada en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 kilómetros al sudeste de San Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fue presentado por el presidente Nayib Bukele como muestra de su agresiva política contra las pandillas.

En la filmación que recorre el mundo se observan filas y filas de pandilleros rapados, con sus torsos desnudos y sus tatuajes característicos, caminando en cuclillas y luego apilados uno al lado del otro, como en un campo de concentración. «Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población», señaló Bukele al presentar el traslado de los primeros dos mil pandilleros hacia una cárcel con capacidad para albergar a unas 40 mil personas.

Aunque el «populismo punitivo» que defiende el carismático presidente encuentra respaldo en la mayoría de la población salvadoreña, cansada de soportar décadas de extrema violencia, para expertos y organismos de derechos humanos la estrategia no es más que un peligroso parche en el corto plazo. «La capacidad de generar más cárceles nunca va a ser una respuesta integral a la situación de violencia y, por tanto, estos centros se plantean como centros de castigo y no necesariamente como centros de rehabilitación y reinserción de las personas que han cometido delitos. Esto puede llevar a graves violaciones a los derechos humanos», explica a PáginaI12 Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).

Cómo es la cárcel de El Salvador, la «más grande de toda América»

El imponente CECOT fue construido para recluir a buena parte de los poco más de 64 mil pandilleros detenidos hasta el momento bajo el régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. El presidente inauguró el centro carcelario a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que el mismo «se constituiría en la cárcel más grande de toda América» y que «sería imposible que salga un reo» del recinto que ocupa 23 hectáreas.

Los ocho pabellones que compondrán el edificio tendrán capacidad para 2.500 internos cada uno, y en cada una de sus celdas se alojarán más de cien pandilleros, de acuerdo a Rodríguez. Además en cada pabellón existen las «celdas de castigo», oscuras y sin ventanas, que serán utilizadas con los detenidos de mala conducta. «No se han construido patios, áreas de recreación, ni espacios conyugales», por lo que los pandilleros solo saldrán de la celda cuando vayan a una sala para su proceso judicial virtual, aclararon las autoridades.

La construcción de esta megacárcel se dio entre críticas de la oposición que señaló falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltearse los controles acostumbrados en las obras estatales. En el establecimiento estarán alojados los miembros de las maras Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en las calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década del 80 y dedicadas a la extorsión de particulares y comerciantes, el sicariato y la venta de drogas.

Régimen de excepción extendido

El Congreso salvadoreño aprobó semanas atrás la extensión por 30 días del régimen de excepción para el combate a las pandillas. La medida, que fue ampliada hasta el próximo 17 de marzo, es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar los derechos de las personas. Uno de ellos es Human Rights Watch (HRW), que a fines de 2022 sugirió al gobierno de Bukele quitar el régimen de excepción y reemplazarlo «con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos». La respuesta del presidente fue un tajante «no».

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibieron más de 7.900 denuncias de abuso del Estado, la mayoría por detenciones arbitrarias. Además la Corte Suprema de Justicia recibió 4.012 hábeas corpus de la ciudadanía, de los cuales el 78 por ciento (3.518) no fueron resueltos. El mandatario salvadoreño, sin embargo, celebra haber bajado en diez meses los altos índices de homicidios en su país.

Para Verónica Reyna el régimen de excepción se convirtió en «una estrategia que está cimentando una lógica de que podemos vivir en un país donde se nos suspenden los derechos y no tenemos garantías procesales, donde cualquier persona puede ser criminalizada y no tiene ninguna institución que pueda proteger su derecho del poder del Estado». Para la investigadora, esta medida solo sirvió «para combatir a las pandillas sin fundamentos de investigación judicial» y agrega: «No es que este gobierno sea más efectivo o tenga el valor de combatir las pandillas, sino que lo está haciendo de modo completamente ilegal y en contra de estándares de derechos humanos y de la Constitución».

El Salvador, con más de seis millones de ciudadanos, cerró enero con una tasa por debajo de dos homicidios por cada 100 mil habitantes según Bukele, aunque el mandatario no especificó cuántos asesinatos se registraron en el primer mes de 2023. En su cuenta de Twitter, el presidente salvadoreño aseguró que es «la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano». El Salvador registró 496 homicidios en 2022, aproximadamente un 57 por ciento menos que los contabilizados en 2021 según datos oficiales.

La acusación de Estados Unidos

En paralelo a la lucha de Bukele contra la violencia de las maras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer días atrás una acusación en contra de 13 líderes de la Mara Salvatrucha, procesados por delitos de narcotráfico y crimen organizado, que habrían negociado con el gobierno de El Salvador para obtener beneficios. El documento señala que después de las elecciones presidenciales por las que Bukele llegó al poder en 2019, líderes de la Salvatrucha, entre ellos Borromeo Enrique Henríquez, Elmer Canales Rivera y Carlos Tiberino Ramírez Valladares se reunieron en secreto con funcionarios de gobierno, de acuerdo a El Diario de Hoy.

La acusación estadounidense detalla que los reos se reunieron varias veces en los penales de Zacatecoluca e Izalco junto a funcionarios del actual gobierno como el Director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. De acuerdo al documento presentado por un jurado de Nueva York, como parte de estas negociaciones secretas las pandillas «negociaron con oficiales de gobierno de alto nivel para beneficios financieros, control de territorios y condiciones menos restrictivas en las prisiones que les garantizaran a los líderes de la Mara Salvatrucha mejor comunicación».

«Esto puede tener un impacto en cómo EE.UU. plantea las relaciones diplomáticas con El Salvador», señala Reyna, quien aporta que «hay evidencia suficiente de que había un pacto ente Bukele y las pandillas, por supervivencia y porque incluso pueden ser estructuras útiles en algún momento para controlar y vigilar el territorio por parte del Estado».

Para la investigadora del SSPAS, la negociación de Bukele con las pandillas pudo haberse roto a propósito para ir hacia este combate frontal que tiene una gran llegada a la sociedad salvadoreña. «Pese a las denuncias por violaciones de derechos humanos», advierte Reyna, «la gente aplaude las medidas represivas porque cree en medidas inmediatas ante una situación de violencia extrema como la que hemos vivido».

Página 12