El gobierno aún no pudo recuperar las casas usurpadas en Las Delicias

Asegura que mantiene firme su decisión de desocupar las viviendas, como hizo en Santa Rita II, pero no interviene en el conflicto desde hace más de un año.

Los vecinos dicen que no quieren irse y que están dispuestos a pagar para quedarse. En Santa Rita II, los legítimos ocupantes afianzan relaciones y mejoran sus casas y el entorno.

A diferencia de Santa Rita II, Las Delicias resiste y permanece. Hace tres años, 84 familias echaron raíces en las viviendas que construyó el gobierno en ese barrio del norte de la ciudad para personas anotadas en los registros provinciales. Y no están dispuestas a devolverlas.

No hay datos de quiénes son. No se sabe sus apellidos, en qué barrios vivían antes, cuántos integrantes hay en cada familia, si tienen trabajo, y qué necesidades reales tienen. Nunca permitieron que las asistentes sociales de la Dirección de Vivienda realicen el censo que ordenó la justicia para relevar esa información valiosa, la misma que permitió dar el puntapié inicial para recuperar las casas de Santa Rita II.

Desde el gobierno provincial confirmaron que “luego del intento de relevamiento, que no pudo hacerse debido a la resistencia de los vecinos, no hubo novedades del tema”. Voceros de la Dirección de Vivienda indicaron que el tema “se mantiene en santd by”, aunque aseguraron que “sigue firme la decisión de recuperar el barrio, tal como fue en el caso de Santa Rita II”.

Mientras tanto, en el barrio los lazos se afianzaron. Yolanda Millares dirige la Casa Vecinal, una agrupación que se creó hace un año y, si bien no tiene reconocimiento oficial, congrega la voz de los vecinos. Ella asegura que desde hace un año y medio no hay más recambio de familias. Al principio, fue frecuente la venta de las propiedades y el pase a manos de distintos dueños. “Somos los mismos desde hace bastante tiempo, nos conocemos todos; van a ver poca gente porque todos trabajan”, aseguró cuando El Litoral visitó el barrio la semana pasada.

Sin servicios

Organizados, los vecinos fueron logrando pequeñas mejoras. Como son “usurpadores” no reciben ningún servicio. “Queremos la luz y el agua, y pagar por ellos como cualquier persona normal porque tenemos trabajo”, dijo Yolanda.

Abastecerse de estos dos servicios, no fue una tarea fácil al principio. Tras algunos momentos de tensión, los vecinos que viven cerca del complejo cedieron mangueras desde sus patios. “Hace un tiempo extendimos esas mangueras para que el agua llegue más cerca de las casas”. Luego, instalaron algunas cañerías y colocaron una canilla comunitaria. Del servicio eléctrico, también están enganchados. “No queremos hacerlo, queremos todo legal. Lo único que pedimos es pagar las casas, no queremos que nos regalen nada pero tenemos derecho a una vivienda digna”.

En el complejo no hay recolección de residuos pero el barrio está prolijo y no hay basura desparramada. Colocaron un cesto en la avenida y todos los vecinos llevan sus bolsas hasta ahí.

A pesar de que reclamaron los servicios, “el gobierno se decidió a ponernos trabas de todos lados”, reflexiona la referente barrial. La realidad es que si el Estado facilita la llegada de los servicios, mientras asegura que sigue firme la decisión de recuperar las casas, estaría consolidando una situación irregular.

Yolanda ve las cosas desde otro punto de vista. “Nosotros no usurpamos las viviendas; las recuperamos. Hacía más de 6 años que las habían construido y estaban abandonadas, tapadas de yuyos y se robaban las chapas y las aberturas”.

En construcción

A la vuelta de la casa de Yolanda, Hugo Moyano muestra orgulloso cómo fue mejorando su vivienda. Es albañil y ya pudo colocar cerámicos en el piso de la casa que ocupa: “El barrio estuvo medio pesadito al principio pero esa gente se fue yendo y ahora convivimos familias que nos conocemos y queremos progresar”. Para aportar su granito de arena, enseña el oficio a los jóvenes del barrio; así cada uno puede mejorar su casa también.

De todos modos, a pesar del optimismo y sus ganas de progresar, Hugo no puede evitar un sentimiento, común al resto de sus vecinos: “El miedo al desalojo lo tenemos siempre, todos”. Ni los vecinos, ni el gobierno saben aún cuándo sucederá. Si es que algún día sucede.

“Hace un año que no nos reunimos con ninguna autoridad. Nos resistimos a que nos censen porque ellos quieren nuestros datos para poder venir con la orden de desalojo. Y no se los vamos a dar hasta que no estemos seguros de que nos van a dar la vivienda para pagarla”, confesó la vocera barrial.

Esta es la encrucijada que traba la resolución del conflicto: el censo es la primera medida que exigió la justicia al gobierno para proceder a un desalojo pacífico.