Detuvieron al subjefe de la delegación local de la PFA por coimas y encubrimiento
De acuerdo a la acusación, el funcionario policial dio trato preferencial a un hombre que estaba detenido en la dependencia en la que revestía funciones, le brindó información sobre allanamientos que se realizarían en el marco de una investigación que lo involucraba por tráfico de drogas y recibió a cambio grandes sumas de dinero de su parte. El Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción le tomará declaración indagatoria en las próximas horas.
El Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe ordenó hoy la prisión preventiva de un subcomisario de la delegación santafesina de la Policía Federal Argentina para que preste declaración indagatoria acusado de haberle otorgado trato preferencial a un detenido en la dependencia policial en la que revestía funciones. De acuerdo a la acusación, formulada por el fiscal Walter Rodríguez con la intervención de la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, el funcionario policial habría recibido grandes sumas de dinero de parte del hombre y le habría brindado información sobre allanamientos que se realizarían en el marco de una investigación que lo involucraba.
El subcomisario está acusado de los delitos de «cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso ideal con encubrimiento doblemente agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público y violación de secretos».
La detención se produjo hoy en horas de la mañana como resultado del impulso de medidas cautelares de naturaleza personal que el Código Procesal Penal Federal habilita a la Fiscalía a promover. La investigación nació a partir de un llamado anónimo en el que se daba cuenta que el funcionario, en su carácter de subcomisario de la División Unidad Operativa Santa Fe (DUOF) de la Policía Federal Argentina, entre el 27 de noviembre de 2023 y el 11 de marzo de 2024, habría recibido dinero por parte de la pareja de una persona alojada en esa dependencia a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. El objetivo de esa entrega de dinero es que el aprehendido obtuviera beneficios vinculados a sus condiciones de detención.
A partir de este llamado, se procedió al allanamiento de la delegación policial, donde se secuestraron libros oficiales donde se registraba el funcionamiento de la dependencia, junto con testimonios tanto del personal policial que allí trabajaba como de otras personas detenidas en el mismo lugar, que permitieron confirmar la información del llamado anónimo. De acuerdo a las evidencias recolectadas, el detenido disponía a su voluntad tanto de las instalaciones de la División como del servicio de sus agentes, prerrogativas que había sido concedidas por decisión del subcomisario.
Para la fiscalía, el acuerdo entre ambos estaba destinado a favorecer al detenido comodidades y privilegios de los que no gozaba ninguno de los internos alojados en la dependencia. El detenido realizaba pedidos de comida a través de aplicaciones de envío a domicilio desde el celular del subcomisario, y de acuerdo a declaraciones testimoniales, los agentes eran encargados no solo de realizarle compras personales, sino también de preparar asados para él y otros reclusos.
En el contexto de esta relación descripta por la fiscalía y que se basaba en el pago de dinero indebido a un funcionario jerárquico y con constantes amenazas a su personal subalterno, el detenido logró consolidar un llamativo poder interno que le permitió acceder a información confidencial vinculada con las tareas de la fuerza de seguridad para finalmente obstaculizar el accionar de la justicia en un caso concreto.
De acuerdo a los testimonios recogidos, el interno era referido por los agentes de la dependencia como “el tercer comandante” o “el inquilino”, lo que incluso le permitía pasar horas en la oficina del funcionario policial donde tomaba café, comía y presenciaba los actos donde se explicaban las novedades y el funcionamiento de la guardia. Además, en varios testimonios brindados por los agentes policiales se dijo haber visto en poder de su superior y en presencia del detenido grandes sumas de dinero. Para el fiscal Rodríguez, “puede afirmarse que se trataba de las dádivas que recibía por parte del nombrado para gozar de un estado de detención casi totalmente extinto de límites y controles”.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, el acuerdo entre ambos estaba destinado a favorecer al detenido comodidades y privilegios de los que no gozaba ninguno de los internos alojados en la dependencia. Entre los más llamativos se encontraba la posibilidad de disponer de importantes cantidades de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, afectado a sus necesidades personales, que era administrado, gastado, asentado y resguardado por los Jefes de Servicio de la DUOF. Estos movimientos dinerarios fueron asentados por los agentes federales en un libro especialmente habilitado al efecto por el personal policial. Otro de los beneficios con lo que contó el detenido fue el de estar alojado en el Casino de Oficiales de la dependencia policial, donde también recibía a las visitas por fuera de los días y horarios establecidos. El detenido también realizaba pedidos de comida a través de aplicaciones de envío a domicilio desde el celular del subcomisario, y de acuerdo a las declaraciones testimoniales, los agentes eran encargados no solo de realizarle compras personales, sino también de preparar asados para él y otros reclusos.
El subcomisario está acusado de los delitos de «cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso ideal con encubrimiento doblemente agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por su condición de funcionario público, y violación de secretos».
Al mismo tiempo, los testimonios brindados tanto por el personal policial de la DUOF como los detenidos en esa misma dependencia describen situaciones en las que funcionario de la Federal utilizaba amenazas como forma habitual de ejercer la autoridad. De acuerdo a las declaraciones recogidas, el acusado se jactaba de haber recibido denuncias en su contra y no haber perdido su cargo y amenazaba con echar de la fuerza a sus subalternos. Además, otra persona detenida detalló que en varias ocasiones el subcomisario amenazó a quienes se encontraban privados de su libertad diciendo que era “de la vieja escuela”, que siempre iba armado por la calle y que se si llegaba a cruzarse con alguno de ellos “era nosotros o él”.
También, de acuerdo a uno de los testimonios, el detenido que gozaba de los privilegios antes descriptos estaba presente cuando se hacían los relevos y se pasaban las novedades al subcomisario, por lo que presenciaba los actos referidos al funcionamiento de la comisaría. En uno de esos episodios, cuando el subcomisario estaba circunstancialmente a cargo de la dependencia dado que el comisario se encontraba de licencia, comentó en voz alta delante del acusado que se iban a realizar allanamientos en doce puntos distintos, mientras en su escritorio tenía fotos de los domicilios y de las personas involucradas, en una causa vinculada al detenido.
El operativo en cuestión se realizó el 29 de febrero de 2024, después de más de diez meses de investigación, de acuerdo a lo informado por la fiscal federal penal coadyuvante Natalia Palacin. Sin embargo, a pesar de la información obtenida respecto a que las personas investigadas se dedicaban al tráfico de drogas a mediana y gran escala, el resultado de los allanamientos se limitó a escaso material estupefaciente en dos de los domicilios requisados y nulo en los restantes, motivo por el cual no se formuló ninguna imputación a nadie hasta la fecha.
La imputación y la prisión preventiva
De acuerdo a la fiscalía, los hechos acusados implican “conductas vinculadas con la recepción de dinero en su carácter subcomisario de la División Unidad Operativa Santa Fe a fin de agraciar impúdicamente y de diferentes maneras las condiciones de detención en clara violación del principio de igualdad ante la ley como así también malversación de efectos, trabajo y servicios de la administración pública, incumplimiento de sus deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. También, en el caso de los allanamientos, para Rodríguez el acusado “reveló hechos, actuaciones, documentos y datos que debieron quedar bajo secreto”.
Respecto a la imposición de la prisión preventiva, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó la gravedad institucional, al ser el implicado un subcomisario de la Policía Federal Argentina al que le fue asignado el objetivo de mantener el orden, preservar la seguridad, prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia. Al mismo tiempo, destacó que “no puede pasarse por alto la alusión que hicieron los testigos sobre la existencia de vínculos de Benítez con sujetos caracterizados por detentar ‘poder’ y por el ejercicio de la violencia, lo cual demuestra que podría irradiar efectos persuasivos para desalentar eventuales testimonios futuros en su contra”. Por último, también destacó que a fines de marzo, tres jóvenes integrantes de la sede policial impulsaron actuaciones administrativas en razón de haber sufrido acoso laboral y sexual por parte del subcomisario, actualmente en trámite en la oficina de género de la Policía Federal Argentina.
Fuente: Fiscales.Gob
