Comenzó el juicio oral de la “Causa Bolsafe”, la gran estafa de la última década
El contador Mario Rossini, titular de la firma, está acusado junto a ocho de sus allegados de estafar a más de cuatrocientos ahorristas por un monto superior a 250 millones de pesos, a valor de 2016. En las etapas siguientes se juzgará la intervención de la sucursal santafesina del Banco Galicia, y también de funcionarios del Mercado de Valores del Litoral, la entidad encargada de fiscalizar la actividad financiera y bursátil de las firmas involucradas.
Este jueves comenzó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el primer tramo del juicio a los responsables de la entidad financiera Bolsafe Valores. De acuerdo a la elevación a juicio, el titular de la firma, el contador Mario Rossini, está acusado junto a ocho de sus allegados de estafar a más de cuatrocientos ahorristas por un monto superior a doscientos cincuenta millones de pesos, a valor de 2016. En la causa interviene el fiscal Martín Suárez Faisal, con la asistencia y colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que participó desde las primeras etapas del proceso.
El tribunal estará conformado por los jueces de cámara José María Escobar Cello, Luciano Homero Lauría y Germán Sutter Schneider. Debido a la extensión que se prevé del proceso, se incorporó como cuarto integrante al magistrado rosarino Mario Gambacorta. Las audiencias se celebrarán semanalmente jueves y viernes, y se estima que el juicio se prolongará por más de un año. En este tramo, la causa cuenta con 408 víctimas querellantes concentradas fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Las maniobras que perjudicaron a esas personas fueron impulsadas tanto por Bolsafe Valores como por BV Emprendimientos, también propiedad de Rossini, con la presunta colaboración del Mercado de Valores del Litoral y del Banco de Galicia.
La investigación tuvo inicio en 2013. En el primer tramo, se investiga a Rossini, a su hermano Omar y a siete empleadas que trabajaban en Bolsafe Valores y BV Emprendimientos. Esas personas fueron imputadas por estafar a pequeños y medianos ahorristas para quedarse con sus fondos, agravado a su vez por la inclusión de una maniobra bursátil ilegal y por lavado de activos.
La causa cuenta con 408 víctimas querellantes concentradas fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Mario Enrique Rossini está acusado en calidad de coautor de los delitos de administración fraudulenta durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2003 hasta fines de diciembre de 2012, y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva. De acuerdo a la acusación, Rossini -en su doble condición de presidente tanto de Bolsafe como de BV Emprendimientos- tenía el deber de velar por la custodia y administración de los valores confiados por sus clientes. Según la fiscalía, esta posición le permitió tener un dominio efectivo del conjunto de actividades que integraron la compleja maniobra de desapoderamiento realizada a través de los diversos actos que provocaron finalmente la administración fraudulenta con el consiguiente perjuicio patrimonial de los intereses confiados por las víctimas.
Omar Santos Rossini, hermano del principal acusado, también fue acusado como coautor del delito de administración fraudulenta por haber sido miembro del directorio y vicepresidente de Bolsafe entre diciembre de 2006 y mayo de 2011. María Mercedes Leiva, que ocupó ese cargo luego de Rossini, fue señalada como coautora del mismo delito, y también del de captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva. Marisa Laura Valdez, Patricia Lorena Berrino y María Lorena Molinas llegan a juicio oral acusadas como partícipes primarias de delitos de administración fraudulenta y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva. Todas ellas eran mandatarias de la sociedad de bolsa y estaban habilitadas para actuar en las operaciones del Mercado de Valores del Litoral, lo que necesariamente requiere específicos conocimientos en materia bursátil, en sintonía con las exigencias de idoneidad previstas en el Reglamento Interno del Mercado. Para el MPF, esto les otorgaba el conocimiento de las implicancias que traerían aparejadas las maniobras ejecutadas desde las firmas societarias involucradas.
La calificación: administración fraudulenta, captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Daniela Reatti brindó asesoramiento a clientes en la compra y venta de títulos valores y, de acuerdo a su propia declaración indagatoria, era la persona encargada de las transferencias de dinero de estas operaciones. La contadora pública Carolina Fany Pavarin también prestó servicios de asesoramiento, y, dentro de Bolsafe, tuvo un ámbito de mando respecto a las demás empleadas, según se especifica en un archivo con el reglamento interno de la empresa. Por último, Miriam Sabella ejercía un rol de productora bursátil con el objetivo comercial de aportar clientes a la firma societaria a cambio de una comisión. Reatti, Pavarin y Sabella están acusadas también en carácter de partícipes primarias de los mismos delitos que el resto de las personas imputadas.
Los otros tramos de la causa
En una segunda instancia, se investiga la responsabilidad de cuatro empleados de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, entre los que se encuentran dos oficiales de empresas, el gerente de sucursal y el oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera. De acuerdo a la hipótesis investigativa, los cuatro acusados facilitaron la estructura financiera del Banco para que Rossini, a través de la firma BV Emprendimientos, realizase maniobras fraudulentas para adueñarse de los títulos de los pequeños y medianos ahorristas de Bolsafe. El último tramo de la causa está centrado en la responsabilidad de los funcionarios que al momento de los hechos se desempeñaban en el Mercado de Valores del Litoral, la entidad encargada de fiscalizar la actividad financiera y bursátil de Bolsafe.
Fuente: Fiscales.gov
