El país está obligado también a indemnizar al magistrado y limpiar sus antecedes. Lo habían destituído por juzgar al franquismo.
La abogada Helen Duffy de la ONG Human Rights in Practice –representante de Baltasar Garzón a nivel internacional– recibió el informe del mecanismo de seguimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), el cual concluye que España está incumpliendo la decisión de dicho Comité en el caso «Garzón c. España».
En su decisión de agosto de 2021, el CDHNU había encontrado múltiples violaciones a los derechos humanos de Baltasar Garzón, resultado de su destitución y enjuiciamiento arbitrario por sus interpretaciones judiciales de los casos Franquismo y Gürtel relacionados con la investigación de crímenes de lesa humanidad y corrupción de alto nivel.
«Reparación integral al juez»
El organismo de la ONU determinó en aquel momento, de forma clara y contundente, que España debía hacer una «reparación integral» al juez de la Audiencia Nacional y pidió al gobierno español que informase sobre las medidas tomadas al respecto en un plazo de 180 días.
Dos años después, España ha mostrado total indiferencia por la autoridad del Comité de Derechos Humanos y las obligaciones internacionales vinculantes que tiene al adherir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De hecho, sus respuestas tardías al Comité no han indicado ninguna medida significativa para proporcionar la «reparación integral» requerida.
Según el derecho internacional, frente a la persecusión como la sufrida por Baltazar Garzón, los Estados deben proporcionar reparación, restitución, compensación y «garantías de no repetición» para garantizar que tales casos no puedan surgir en el futuro. En un caso como este, eso se traduce en reconocer daños y perjuicios, el “borrado” de antecedentes penales injustificados y emprender una reforma legal y judicial, necesaria para salvaguardar la independencia judicial. Como señalaron algunos miembros del comité de la ONU en la decisión de 2021, la reparación también implica implícitamente la restitución o reincorporación de la víctima a su antiguo papel judicial.
España no cumple
El hecho de que España no haya tomado aún ninguna de las medidas necesarias, ha desembocado en una nueva resolución condenatoria por parte del mecanismo de seguimiento del Comité de la ONU, donde se considera «insatisfactoria» la respuesta del gobierno español sobre la indemnización y la extinción de antecedentes penales de Baltazar Garzón: «no implementa la recomendación».
Acerca de las medidas más amplias necesarias para garantizar la no repetición, el comité reclama que «la respuesta del Estado va en contra o rechaza la recomendación del organismo de la ONU».
Baltasar Garzón no se rinde
Baltasar Garzón ha requerido al Ministerio de Justicia de España que el Gobierno cumpla con el dictamen del Comité y denunció lo mismo otra vez, ante aquel Comité, el cual ahora le otorgó de nuevo la razón y pone en evidencia el incumplimiento de España de una decisión a la que está obligada, en virtud al Pacto de Derechos Civiles y políticos y su Protocolo ratificado por el país.
Esta resolución del Relator de la ONU sobre el seguimiento, en la que también se denuncia el incumplimiento por parte de otros países como Angola, Kyrgysztan, Kazajstán y Ucrania, señala que continuará tratando de comprometerse con el gobierno español para garantizar la plena implementación en un caso grave en que el juez Baltazar Garzón perdió su carrera profesional.
Baltasar Garzón seguirá reclamando al gobierno español el cumplimiento del dictamen del Comité que estableció que la sentencia proferida en su contra por investigar el caso Gürtel fue parcial y arbitraria.
