Un tribunal exige reincorporar al Estado a un ex funcionario condenado por un robo
Tres jueces de la Cámara en lo Contencioso administrativo de Santa Fe resolvieron el pasado 16 de marzo suspender los efectos de un decreto de cesantía que dejó afuera de la administración pública a Martín Romano, el ex director del servicio de apoyo postpenitenciario santafesino. Romano, había sido echado por un decreto del Gobernador en octubre del año pasado por protagonizar en 2013 un asalto a mano armada en una panadería céntrica de la capital provincial junto a un compinche.
Los magistrados Alfredo Gabriel Palacios, Luis Alberto De Mattia y Federico José Lisa, firmaron la resolución en la que además ordenan la reincorporación de Romano al Estado, respetándole su situación de revista.
En julio del año pasado, en un juicio abreviado, el juez de sentencia Cristian Fiz condenó a Romano a la pena de 2 años y ocho meses de prisión en suspenso, encontrándolo autor del delito de encubrimiento. Los hechos por los que fue sentenciado se remontaban a febrero de 2013, cuando junto a un compinche de apellido Galván perpetraron un asalto a la panadería Polo Norte en Santiago del Estero y 9 de Julio. Romano se trasladaba en el auto con Galván cuando fue detenido por l policía ése mismo día. En principio fue imputado de patícipe necesario, pero luego Galván se hizo cargo de todo y señaló que Romano, que lo acompañaba en el coche, desconocía que iba a robar el comercio. Ese giro en el expediente cambió la situación del ex funcionario que quedó sólo acusado por encubrimiento.
La defensa de Romano, a cargo de Romeo Díaz Duarte ensayó como estrategia una situación real: la adicción fuerte del imputado a las drogas duras y pidió tener en cuenta ese factor a la hora de morigerar la pena. El ex Director de Asistencia Post Penitenciaria inició un tratamiento luego en Monte Grande, para salir de la adicción. En octubre del año pasado, el Gobernador firmó el decreto 3.865 que cesanteó al ex funcionario de planta del cargo en el Estado. Romano había llegado a la administración pública de la mano de Fernando Rosúa, cuando estaba a cargo del Servicio Penitenciario en la gestión de Jorge Obeid.
Romano presentó entonces una medida cautelar para volver al Estado, esgrimiendo que no se tuvieron en cuenta una serie de medidas solicitadas por él en el marco del sumario administrativo, como la convocatoria a una Junta Médica para corroborar sus adicciones o el testimonio de sus ex compañeros de trabajo.
Ahora, la provincia prepara una respuesta al fallo de los jueces en lo contencioso administrativo que exigen la reincorporación del ex funcionario al Estado.
