Piden el procesamiento de gremialistas de Vialidad Nacional y de una escribana
Lo solicitó el fiscal federal Gustavo Onel el 6 de diciembre pasado. El pedido también alcanza al ex administrador de la Dirección Nacional de Vialidad. Se los acusa de haber falsificado documentos públicos para realizar un negocio inmobiliario.
El fiscal federal Gustavo Onel pidió al juez federal Reinaldo Rodríguez que dicte el procesamiento a un grupo de personas en el marco de una causa iniciada a mediados de 2013. Para el representante del Ministerio Público, Nelson Periotti (ex Director de Vialidad Nacional) debe ser procesado por la figura de fraude en perjuicio de la administración pública. En tanto que Marcelo Bertolotti (secretario general del gremio de viales) y a su segundo en el sindicato, Miguel Vásquez, les cabe la figura de” coautor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de utilización documentos públicos falsificados y falsedad ideológica”.
Onel también pidió el procesamiento de la escribana Claudia Dechanzi por el delito de fraude a la administración pública y falsedad ideológica. Y cerró su pedido de 31 páginas solicitando el procesamiento del ex gerente de Asuntos Jurídicos Manuel Keumurdji por falsificación de documento público y fraude en perjuicio de la administración pública.
Para los fiscales que tuvieron delegada la dirección técnica de la causa, primero Walter Rodríguez y luego Gustavo Onel, los protagonistas de esta historia tuvieron roles importantes en distintos delitos ejecutados para lograr un negocio inmobiliario fraudulento en terrenos que Vialidad Nacional había donado al sindicato para que construyeran una nueva sede gremial.
“Los terrenos en cuestión eran propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad, luego de que fueran oportunamente expropiados para el ensanche de la Avenida Alem de la capital santafesina. Como los terrenos finalmente no fueron necesarios para la obra, y tras darle cause al pedido del sindicato de la cesión de tierras, el 5 de noviembre de 2012, Bertolotti y Vázquez rubricaron, junto con el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti, el respectivo Convenio de Transferencia”, se mencionó en una comunicación formal del MPF de la Nación. Los dirigentes sindicales habían manifestado que esos terrenos tenían como fin la construcción de una sede social y de dormis para afiliados que vinieran del interior. El Fiscal Rodríguez, entonces subrogando la fiscalía de Onel, detectó que “paralelamente al trámite administrativo, Bertolotti y Vázquez pergeñaron un negocio inmobiliario que según cifras ‘oficiales’ rondaría el valor de 400.000 dólares estadounidenses al momento de los hechos -con complicidad cuanto menos de Dechanzi- valiéndose originariamente de la suscripción de una escritura pública de donación en la que se introdujeron circunstancias falsas respecto al contenido del Convenio precedentemente invocado, a los fines de permitir el posterior despojo patrimonial de los terrenos en cuestión”.
Estas falsificaciones, indicó el representante del MPF “refieren -precisamente- a la posibilidad de destinar el terreno donado a la realización de ‘figuras contractuales onerosas’ y no sólo a la construcción de un inmueble”. De esta manera, “Bertolotti y Vázquez lograron perfeccionar la transmisión fraudulenta de la propiedad (en punto a la posibilidad de destinar el inmueble a ulteriores negocios onerosos) con la intervención de la Escribana Pública Claudia Dechanzi, en cuya colaboración suscribieron la escritura pública de donación”.
Bertolotti, Vázquez y Dechanzi progresaron en la defraudación pergeñada, luego perfeccionada a través de la celebración de un contrato de permuta con la firma Benuzzi Inmobiliaria S.A., celebrado en día 16 de julio de 2013, es decir, menos de cuarenta días después de la inscripción de la escritura de donación en el Registro General de la Propiedad Inmueble. Esta acción operaba como salvaguarda para el tercero adquirente ante una eventual revocación de la donación originaria que pudiera afectarlo.
Por esta maniobra el Sindicato de Vialidad recibió una transferencia de dos departamentos con cochera que nunca fueron destinados a los afiliados del interior como decía el convenio. Pero aún, una simple verificación corroboró que en uno de ellos habitaba una persona ajena al sindicato, que alquilaba el departamento con la intermediación de la inmobiliaria Benuzzi. Por cierto a su ex dueño, Publio Benuzzi de Feo, fallecido a mediados de año, se le extinguió la acción penal. De lo contrario, hubiese estado en el pedido de la Fiscalía, que consideraba que el empresario «conocía el carácter apócrifo del convenio invocado en la escritura de donación, precisamente en punto a la cláusula que habilitaba la realización de tal negocio oneroso con el inmueble», y por ello se lo imputó de coautor de fraude en perjuicio de la administración pública. Benuzzi pretendía construir en el lugar dos torres de lujo.
La denuncia que dio origen a la pesquisa la presentó Oscar Ezcurra, en su condición de propietario de un lote lindante al terreno de la polémica transacción entre Viales. La historia del terreno en cuestión se remonta a 1966, cuando fue adquirido por Vialidad Nacional a la firma “Angel Casanello”, tiene un derrotero que empieza a transformarse en irregular el 5 de noviembre de 2012, cuando el entonces director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti firma una resolución en la que declara “sobrante sin destino útil el terreno y convalida el convenio de transferencia con el sindicato en el Distrito 7.
Autor: H.M.G
