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Para la Cámara de Rosario no hubo sedición en el paro policial

La resolución fue firmada por los jueces del tribunal de alzada rosarino hace unos días, pero aun no todas las partes fueron notificadas.

La Cámara de Apelaciones de Rosario votó en consonancia con la posición del juez federal de primera instancia santafesino, Reinaldo Rodríguez, quien también había considerado que la investigación debía girarse a la jurisdicción provincial puesto que no había identificado en los hechos del último paro policial el delito de sedición.

Los jueces Liliana Arribillaga,Fernando Barbará y Carlos Carrillo beneficiaron con su decisión a los policías que en diciembre pasado extorsionaron con un paro a la autoridades provinciales y le arrancaron una decisión (aumento de sueldo) a punta de pistola y con una sociedad a merced de los delincuentes que saquearon y amedrentaron en las horas que duró el paro.

La resolución de alzada permite un respiro para los dirigentes del nucleamiento policial Apropol, cuyo líder, Alberto Martínez,  dirigió el paro desde a Patagonia, donde participaba de un congreso sobre sindicalización de  las fuerzas de seguridad.

En la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, el paro se sintió con más crudeza producto de la ausencia total de efectivos del orden en las calles y la escasa presencia de fuerzas federales cumpliendo tareas preventivas. Uno de los ejemplos de la huelga fue el boicot al sistema de emergencia 911, que fue alterado por sus operadores, con escasas excepciones.

La denuncia por sedición fue presentada a instancias del gobernador santafesino Antonio Bonfatti por el Fiscal de Estado Pablo Saccone, también en diciembre pasado. El Fiscal Federal Walter Rodríguez estudió el caso durante toda la feria de enero y en los primeros días hábiles de febrero imputó a Martínez y a seis personas más por el delito de sedición. Pero el juez federal Reinaldo Rodríguez no se abocó porque consideró que la investigación no reunía los parámetros para hacerlo en la esfera federal y la contradicción llegó así a la Cámara. Ahora, deberá ser el Fiscal General de Rosario el que considera si apela la decisión de los jueces, hecho que fuentes tribunalicias descontaban teniendo en cuenta la posición de la Procuración General de la nación, que impulsó la figura en las fiscalías federal de las provincias, entre ellas Santa Fe.

 

 

 

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