La trama de corrupción policial en Esperanza que investiga la Justicia

Quedaron imputados otros cuatro policías que fueron detenidos la semana pasada. El lunes se discutirá si continúan presos.

Cuatro policías integrantes de la Brigada de Investigaciones de Esperanza fueron imputados este sábado por asociación ilícita, amenazas coactivas, tentativa de extorsión y violación de medios de pruebas y documentos. El lunes se discutirá si continúan presos. Ellos se suman al Crio. Jorge Antonio Bordiga quien desde ayer quedó sujeto al proceso con prisión preventiva. La investigación pertenece a las fiscales Mariela Jiménez y Laura Urquiza (en reemplazo de la Dra. Clelia Trossero por una licencia médica). Los legajos no eran remitidos al MPA para ser investigados en medio de una queja permanente de vecinos de Esperanza por una ola de robos, entre otros delitos.

Cinco horas duró la audiencia en la que este viernes el juez Nicolás Falkenberg dictó la prisión preventiva para Jorge Antonio Bordiga (ex Jefe de la 1ra Zona de Inspección de Esperanza). Lo hizo por los delitos de tentativa de estafa, peculado y violación de medios de pruebas y documentos. Con la misma atribución más el delito de asociación ilícita, Gerardo Sánchez (quien era Jefe de Sumarios de la Comisaría 1ra de Esperanza) recuperó la libertad por un juicio abreviado. Las fiscales y sus abogados, Andrés Marcuzzi y José Ignacio Mohamad, acordaron una pena de 3 años  de cumplimiento condicional y el efectivo se fue de la sala de audiencias saludando a sus compañeros con unas palmadas y palabras de aliento, publicó el sitio digital de LT10.

En tanto, los oficiales Miguel Monzón (Jefe de la Comisaría 1ra de Esperanza), María Carolina Montalbetti (Subjefa de la Comisaría 1ra de Esperanza) y Jorge Pedrozzo (pareja de la mujer y en disponibilidad) recuperaron la libertad bajo promesa jurada. Es que para el magistrado no se podría asegurar que los efectivos hayan tenido participación en una supuesta asociación ilícita conformada con policías y civiles en el Dpto. Las Colonias. «Ellos habrían asumido el cargo siete días atrás de los hechos atribuidos y éstos son diferentes a los que se endilgó a Bordiga. Más aún, se trata de delitos que serían con penas en suspenso», dijo Falkenberg en sus fundamentos.

Cómo operaba Bordiga y por qué quedó preso

“Estamos presentes de una asociación ilícita compuesta por varios funcionarios policiales que se valían de su poder para cometer delitos”, dijo Mariela Jiménez al comenzar su alocución en la audiencia del viernes. Más allá de que esa figura finalmente no se discutió, la fiscal aseguró: “tomamos conocimiento de los mismos a partir de una serie de robos calificados ocurridos en diciembre de 2016 en zona del Parque de la Agricultura de Esperanza. Es que una víctima reconoce a un motochorro, y lejos de ser aprehendido, el Jefe de la Cría 1ra y miembros de la Brigada de Investigaciones de la URXI van a la casa de sus padres y le piden 40 mil pesos para no detenerlo.

La familia humilde le pide tiempo a Jorge Antonio Bordiga para entregarle un vehículo a cambio del dinero. “Ellos (no devela quienes) no hablan con la gente. Usted tiene que arreglar conmigo y yo con ellos”, dice en una escucha telefónica el imputado al padre del delincuente conocido en Esperanza. La situación se da vuelta cuando la PDI realiza una investigación por robo de motos y bicicletas y le secuestra el camión que los padres del muchacho iban a transferirle al policía. Este hecho fue calificado por la Fiscalía como  “extorsión en grado de tentativa”. Se escucha entonces en la audiencia un llamado de los damnificados recriminándole lo sucedido al policía de alto rango bajo la frase: “lo tengo a mi hijo en cana y mi camión secuestrado”.

“La vamos a repartir”

Las representantes del Ministerio Público le atribuyeron el delito de “peculado” por una situación que se origina el 7 de agosto de 2016 cuando detienen a una persona con una moto robada y le secuestran el rodado, un celular y la suma de 1884 pesos. Cuando los policías elevan el sumario a la Fiscalía, lo hacen sin el dinero secuestrado. ¿Dónde fue a parar? “Jefe, quedó una platita escondida?, se escucha al sumariante Gerardo Sánchez decirle a Bordiga en otra escucha telefónica de la causa. El superior le contesta: “¿la tenés ahí?… la vamos a repartir”.

El tercer delito por el que Bordiga queda preso preventivamente es la “violación de documentos y medios de prueba”, el cual pudo tipificarse a partir de los allanamientos que hicieron Asuntos Internos con la presencia de las fiscales en la Comisaría de Esperanza y el domicilio del policía de alto rango. Secuestraron denuncias, entrevistas a testigos, documentación de la seccional, armas de fuego y 6 celulares en la vivienda y 12 sobres con dinero sin procedencia en la seccional. Es interesante detenerse en el material hallado en la dependencia policial.

Sorpresivamente encontraron dos cuadernos con un rotulo que decía “BICICLETAS” para archivo de los hurtos cometidos en la jurisdicción. Habían 1567 constancias y sólo 387 se habían realizado cuando Bordiga era el jefe la Comisaría 1ra. Hallaron también denuncias sueltas, 16 sumarios sin trámite y 260 que no habían sido enviados para su investigación al MPA. No había libros de detenidos ni de visitas. Lo más grave es que en uno de los tres calabozos había un detenido que gozaba de ciertos privilegios como TV con cable, heladera y esposas con llaves en su poder.

En ese sentido, las fiscales refirieron a la figura del “encubrimiento agravado” para Bordiga, Sánchez y la Crio. Montalbetti en presunta consonancia con uno de los policías detenidos el jueves pasado. Se trata de Franco Cornejo, integrante de la Brigada de Investigaciones de la URXI. Sucede que el 21 de febrero de 2017 se presentó una mujer a denunciarlo por amenazas coactivas. Quien recibe a la damnificada es la Sub Jefa de la comisaría mientras el sumariante se comunica telefónicamente con el Jefe para advertirle de la situación. En otra escucha se puede oír a Bordiga diciéndole a Cornejo “por teléfono no podemos hablar”. Y la denuncia nunca prosperó.

Sumando, cuando Bordiga ya había sido nombrado Jefe de Zona y asume el Sub Comisario Miguel Monzón como Jefe de la Comisaría 1ra se produce otra situación por la cual las fiscales les atribuyen la falsificación de documentos públicos, el peculado de servicios públicos y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Es que el 19 de febrero de 2017 se producen dos peleas callejeras a la salida de la bailanta NEPOL y trasladan a un hombre y una mujer a la seccional. Según declara un testigo, el aprehendido gritaba: “Yo soy el Luca R… yo pago acá” mientras forcejeaba con dos policías. Ilógicamente, el hecho fue tipificado no como resistencia a la autoridad sino como una violación al Código de Faltas y recuperó la libertad.

Las fiscales aclararon que a ninguno de los efectivos que resultaron con lesiones les fueron constatadas ese día porque aparentemente uno de ellos estaba de guardia en la dependencia y figuraba haciendo adicionales en la bailanta. Ese oficial fue asistido por médico dos días después aduciendo que se había caído bajando por las escaleras del primer piso de la seccional. “Claramente entendemos que el comisario falsificó los documentos e hizo pasar uno por otro para callar a Román. Son acciones que tienen el fin de obstaculizar el procedimiento”, aseguró Urquiza.

Agravios de defensores

En representación de Bordiga, el abogado Oscar Silva intentó desligarlo de las maniobras aduciendo la falta de testimonios que acrediten su vínculo con Monzón; pidió la nulidad de las escuchas telefónicas y del allanamiento realizado por la Secretaría de Control y solicitó alternativas de prisión. Las fiscales refutaron los agravios y exigieron que se dicte prisión preventiva por el concurso real de los delitos y el peligro de entorpecimiento probatorio. Fue entonces que Bordiga solicitó declarar en audiencia y aseguró que “Quiero decir que los integrantes de la Brigada de Investigación no estaban a mi cargo”. También juró que no conocía al delincuente que dijo “pagar a la Comisaría” a cambio de favores y que él no se negó a tomar denuncias contra otros policías.

“Yo me hice cargo de la comisaría el 17 de febrero y el domingo 19 nos comisionan a la bailanta NEPOL por una serie de disturbios (…) primero una femenina es trasladada del lugar y a 30 metros estaba un masculino que también logramos reducir con otros dos policías. No es necesaria la colocación de esposas porque no hubo resistencia (…) en la comisaría doy la orden para que se lo identifique con una contravención porque no había personal lesionado”, declaró Monzón en la audiencia. Acto seguido, la defensora pública Soledad Aguirre dijo que el imputado carecía de antecedentes condenatorios y que no habría peligro de fuga ni de entorpecimiento probatorio.

“Dejé a mi hija de 5 años cuando me llama mi mujer porque la iban a detener. Cuando entro a la comisaría para darle los teléfonos a Carolina, me los piden y les dije que no se los iba a dar porque son personales y valen 21 mil pesos. Un policía me dice que desaparezca y los deje por ahí. Cuando me voy, viene otro y me dice que se los entreguen y que van a dar vuelta el auto”, declaró Pedrozzo haciendo uso de su derecho de defensa. Su mujer no quiso hablar. Ella estaba acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público; ocultamiento de medios destinados a servir de prueba ante la autoridad y él por resistencia a la autoridad.

Sucede que la mujer no entregó la documentación requerida en el allanamiento de Asuntos Internos aduciendo que “no sabía dónde estaban las actas” y para las fiscales Pedrozzo intentó fugarse con los teléfonos. El abogado defensor de la pareja, Marcelo Gervasoni aseguró que “Montalbetti asumió el 17 de febrero y una semana después estaba detenida. Sería un récord que cometa esos delitos en tan poco tiempo. Cuando sucede lo del boliche, ella estaba de licencia. La detienen por no satisfacer el pedido de Asuntos Internos”. Respecto a Pedrozzo, el letrado sostuvo que “es increíble la falta de criterios para mantener detenido a un hombre una semana por una resistencia a la autoridad”. El defensor ofreció al juez alternativas de prisión porque ambos policías son padres de una niña de 5 años pero finalmente se les otorgó la libertad bajo juramento.

Responsabilidad política

Según pudo corroborar este medio, la fiscal de Esperanza (en licencia médica) Clelia Trossero el año pasado ya había pedido intervención al ex Jefe de la Policía de la Provincia, Luis Bruschi. Incluso le informó sobre este organismo paralelo de investigación que obedecía órdenes del propio jefe de la URXI. Al mismo tiempo, la representante del Ministerio Público de la Acusación pidió intervención por una serie de irregularidades en la Comisaría 1ra de esa localidad a la Secretaría de Control de la Provincial.

Lo más grave es que el propio ex jefe de la URXI, Nestor Fabían Angelini, estaba al tanto de las anomalías que se venían produciendo en la Comisaría 1ra de Esperanza. Más aún, la propia Trossero le había pedido explicaciones del organismo de investigación que comandaba. El mismo pedido que hizo después a Bruschi y por último al actual jefe de la Policía José Amaya. ¿Hasta   dónde llega esta trama de corrupción?. Pocos en funciones pueden decirlo.