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Imputados por extorsión: liberaron al asesor del PRO de Diputados y al policía de la 4ª

Así lo dispuso el juez Octavio Silva, quien aceptó el pago de una fianza. Los dos fueron acusados por la fiscal Jiménez de haber extorsionado a un detenido para que les entregue diez mil pesos y una bolsa con cocaína.

Sebastián Gervasoni, asesor del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y Martín Herrera, quien se desempeñaba como oficial superior de Guardia de la Comisaría 4ª de Santa Fe, fueron beneficiados con la excarcelación por orden del juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Octavio Silva, tras haber sido imputados como quienes extorsionaron a un sujeto detenido el pasado 1 de julio junto a su pareja.

La orden fue dictada este mediodía en la sala 1 del subsuelo de tribunales bajo un clima de mucha expectativa y sospecha. Es que en el ambiente judicial y más aún en el subsuelo de Tribunales, no es casual que un abogado llegue al estrado judicial con las esposas puestas y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados como cualquier otro “justiciable”.

Si bien la Fiscalía, a través de Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, solicitó la prisión preventiva, el magistrado determinó que los dos imputados transiten el proceso en libertad tras el pago de una fianza de $200.000 y acaten una serie de alternativas a la cárcel.

 

“Las cosas son así «Negro»”

El caso tuvo su inicio en las últimas horas del pasado sábado. Emanuel Figueredo –quien purga una condena condicional– fue detenido junto a su pareja cuando ambos circulaban en moto. Dicha detención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 9ª.

Ambas personas fueron trasladadas a sede policial. La mujer fue llevada a la Estación de Tránsito de Personas, mientras que Figueredo terminó en un calabozo de la Comisaría 4ª de barrio Roma.

Ese encierro en la Comisaría 4ª fue lo que llevó a que Gervasoni y Herrera hayan sido imputados ayer jueves por el delito de extorsión. Es que la pesquisa que tuvo su inicio en la Secretaría de Control de la fuerza denunció que tanto el abogado y el mismo policía presionaron a Figueredo para que este les entregue la suma de $10.000 y una bolsa de cocaína para recuperar su libertad, caso contrario, quedaría tras las rejas.

Para probar ello, la fiscal Jiménez indicó en la audiencia que Figueredo debió haber sido liberado por orden de la fiscal de turno del 2 de julio, Milagros Parodi, la cual fue notificada en horas de la mañana sobre la detención. Dicha funcionaria determinó que en el plazo de 24 horas debía ser liberado.

 

Fue así que, pasadas las 18, un agente de la Seccional 9ª se dirigió hasta la Comisaría 4ª para disponer la libertad del aprehendido, pero ello sucedió una hora y media más tarde, pasadas las 19.30. Ese lapso es el que la fiscal Jiménez tuvo en cuenta para acusar al abogado y al uniformado sobre las extorsiones sufridas por el privado de su libertad.

 

En esa línea, Jiménez sostuvo –en base a lo que denunció Figueredo en Fiscalía y Asuntos Internos– que Herrera le dijo al muchacho: “Las cosas son así «Negro», si nos das diez mil pesos te vas en libertad”. Minutos después, Herrera llamó a Gervasoni, el cual, según lo planteado por la Fiscalía, llegó a la dependencia y le reiteró lo mismo que le había dicho el funcionario policial.

 

Cuando el reloj marcó las 19.30, Figueredo fue liberado, pero sin su moto en la que circulaba y además sin su teléfono celular. Es que según consta en la investigación, Herrera y Gervasoni le insistieron con los diez mil pesos a cambio de sus pertenencias.

Volanteada política

Tras ser liberado, Figueredo fue hasta la dependencia con el fin de recuperar sus elementos. Allí estaba Herrera, quien –según la declaración– fue hasta la vereda de la comisaría y llamó a Gervasoni ya que habría sido este quien tenía la documentación del vehículo.

 

A través de ese contacto, se pautó un encuentro en Hernandarias y Peñaloza, donde Figueredo, junto con su pareja, se encontraron con Gervasoni, el cual se encontraba volanteando por la campaña. Allí se hizo entrega del dinero al asesor del PRO, el cual le devolvió la documentación y el celular.

 

Harto de la situación, Figueredo no dudó y denunció en Asuntos Internos, organismo que dio inicio a la pesquisa.

 

Opuestos

Tanto la defensa de Gervasoni, a cargo de Sebastián Moleón y la de Herrera, Raúl Sartori, se opusieron al pedido de prisión preventiva. Por un lado Moleón cuestionó la falta de evidencias de la fiscal. “Acá no hay relación de evidencias”, destacó y se preguntó: “¿Cuándo hizo la denuncia Figueredo?, ¿quién lo aprehendió?”.

 

En la misma sintonía, Sartori ratificó los dichos de su par y además dejó asentado que su defendido declare ante el juez Silva. Por tal razón, Herrera desmintió que haya extorsionado a Figueredo, y dijo que este se encontraba muy nervioso. A su vez, destacó que el detenido pidió que llamen a varios a abogados, de los cuales surgió el nombre de Gervasoni.

 

Culminadas las evidencias expuestas, el juez Silva desestimó el pedido de la Fiscalía y ordenó que sean liberados. Gervasoni con el pago de una fianza de $200.000 y Herrera con una caución de $50.000. A su vez, los dos deberán presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación de manera mensual y también quedarán a la guarda de un familiar.

Imputarán a más funcionarios públicos

La fiscal Mariela Jiménez expresó que ampliarán la imputación del policía liberado a privación ilegal de la libertad. Además, buscarán imputar a funcionarios de las seccionales novena y cuarta.

 

“La fiscalia, ahora, valorando toda la documentación y las entrevistas realizadas tenemos pensado ampliar la imputación hacia el policía y hacia otros funcionarios policiales de las seccionales novena y cuarta”, dijo la funcionaria.

 

En un principio se trata de dos policías más: “Una es la persona encargada de cumplir con la orden de la fiscal de verificar de que efectivamente se le concediera la libertad y la otra era la persona encargada de la guardia el día que ocurrieron los hechos”. Además agregó que “se está valorando la posibilidad de ampliar la imputación a una privación ilegal de la libertad” al funcionario público liberado.

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