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Cortar una ruta para peticionar no es delito

Gendarmería había denunciado que el pasado 10 de julio unas 200 personas cortaron las rutas nacionales 11 y 70, en reclamo de justicia por el crimen de un nene de 12 años. Un fiscal Federal desestimó la existencia de delito.

El crimen del niño Diego Román en una zona de quintas de Monte Vera el pasado 3 de julio generó una ola de tristeza e indignación entre los familiares y vecinos del pequeño.  A una semana del homicidio, unas 200 personas se convocaron en las rutas 11 y 70 y cortaron el tránsito en reclamo de la presencia del fiscal que intervenía en la pesquisa.

Alrededor de las dos de la tarde del 10 de julio, llegó al lugar personal de Gendarmería Nacional que tiene el destacamento en la localidad de Recreo, dependiente  del escuadrón de San Justo.  Los integrantes de la fuerza federal comenzaron entonces una serie de comunicaciones con el secretario del juzgado federal número en turno, poniéndolo al tanto de la situación que se vivía en el lugar.

El acta de Gendarmería que llegó al juzgado da cuenta de lo sucedido en el lugar, detallando incluso la presencia del intendente de Recreo, Omar Colombo, quien hizo de nexo entre los manifestantes y autoridades de la justicia santafesina, que eran convocadas por los vecinos al lugar para que den explicaciones del horrible asesinato. Todos los episodios fueron volcados en el acta oficial de la fuerza federal, dando cuenta finalmente que el corte se levantó antes de la 1 de la mañana del día 11 de julio.

La semana pasada, el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez recibió el informe de la Gendarmería para que evalúe si se debía impulsar a la acción penal, es decir, si debía iniciar un expediente judicial para investigar la conducta de los manifestantes.

Este miércoles, una semana después de tomar contacto con el acta, el fiscal interviniente resolvió no instar la acción penal al no considerar que haya habido delito en el accionar de los demandantes. Precisamente señala Rodriguez en su resolución que dicho corte se dio en reclamo de la presencia de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación en  el lugar.

La causa caratulada “NN  S/ Entorpecimiento de Servicios Públicos” no prospero en la Fiscalía Federal, quien entendió que no se pueden criminalizar los cortes de calles o de espacios públicos por grupos de personas que protestan de manera pacífica y que, en esta ocasión lo hicieron en un contexto exacerbado por antecedentes plausibles, como fue la muerte de un menor.

El funcionario del Ministerio Público señaló además que en este caso no se puso en peligro la seguridad  y el orden público. Tampoco pudo soslayarse que los manifestantes tuvieron negociaciones con funcionarios públicos, como el intendente de Recreo. Omar Colombo, o funcionarios del MPA local, que incluso, acordaron una reunión con la mamá del niño al mediodía del día 11 de julio. Mal podría hablarse de un delito, si en medio de una negociación funcionarios del Estado (en un caso municipal y en el otro del Poder Judicial MPA) entablaban acuerdos para destrabar el corte, que se levantó a las 0.55 del día 11 de julio, cuando ya el compromiso de recibir a la madre de Diego Román estaba garantizado.

Autor: H.M.G

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