Causa Bolsafe: pidieron la indagatoria de 49 operadores financieros

El pedido se realizó en el marco de una investigación de la Fiscalía Federal N°2 con la colaboración de la Procelac. Los fiscales individualizaron a 408 víctimas de una organización que captaba ahorristas y luego se quedaba con sus títulos y valores, con la complicidad del Mercado de Valores del Litoral, que debía supervisar a los operadores, y del Banco de Galicia, que colaboraba con el lavado.

El fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de ese organismo, Pedro Biscay, requirieron hoy la indagatoria de 49 imputados en la causa en la que se investiga una diversidad de maniobras fraudulentas para apropiarse de los ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de bolsa «Bolsafe Valores» y de la empresa BV Emprendimientos, que involucran además al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia en operaciones que culminaron con el lavado de al menos 40 millones de pesos solamente durante 2012.

Los fiscales realizaron la presentación ante el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño. La nómina de imputados está encabezada por el empresario Mario Rossini, un conocido operador del mercado local que «se valió de una estrategia consistente en la utilización de medios radiales, televisivos y gráficos como procedimientos de difusión masiva para atraer clientes», indicaron los fiscales. El listado sobre quienes se reclama la indagatoria está compuesto, además de Rossini, por otros 25 empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos, 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.

Entre los imputados sobresalen el actual funcionario del área de la Producción de la Municipalidad de Santa Fe, Pablo Tabares y su padre, José Néstor. También se encuentra el ex ministro de Economía de la segunda gestión como gobernador de Carlos Reutemann, José María Candioti. El economista Rubén Fink es otro que deberá dar explicaciones en la justicia en calidad de imputado. Como así también Luis Puig, actual integrante del directorio del Banco Bica. La nomina completa es la siguiente:

Mario José Enrique Rossini, María Mercedes Leiva, Andrea Boetti, Jorge Sandoval, Omar Santos Francisco Rossini, Flavia Sánchez,  Julio César Yódice,  Marisa Valdez, Romina Meretta,  Andrea Gretter,  Carolina Pavarin,  Daniela Reatti,  Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, Carina Cerutti, Graciana María Rodríguez,  Romina Benazzi,  Jésica Lilino,  Carla María Paola Barzola,  María Laura Rossini, Analía Sabella, Gisela Zanel,  Myriam Elisabeth Brasseur,  Mónica Deibar, Luis Ángel Puig, César Calabrese,  Juan Luis Catuogno,  Jorge Ghiano,  Rubén Fink 30- Alfio M. Re,  Pablo Guillermo Tabares,  Marcelo Fink,  José María Candioti, José Néstor Tabares, José Luis Renzulli,  Alex Castellví,  María Soledad Platino,  Nicolás Alejandro Sabena,  Antonio Iturrioz,  Leonardo Perrotta,  Silvio Ariel Gómez,  Antonio Roberto Garces, Diego Waldem Van de Velde,  Fernando Gabriel Yah Yah,  Gastón Ignacio Martínez,  Germán Daniel Talam,  Eduardo Alberto Galán,  Guillermo Juan Pando  y  Jorge Janeiro

Los representantes del Ministerio Público individualizaron en el pedido de indagatoria los casos de 408 víctimas, aunque remarcaron que Bolsafe «llegó a contar con 13 mil comitentes en cartera», lo que revela la envergadura del daño producido, el fuerte impacto económico y la perdida de confianza generalizada sobre el mercado de capitales local.

Los fiscales requirieron la indagatoria por los delitos de asociación ilícita para la concreción de una «indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales», entre ellas la intermediación bursátil no autorizada y administración fraudulenta, y el posterior lavado o blanqueo de los fondos que eran fruto de aquellas maniobras ilícitas.

«La maniobra cometida por Mario Rossini generó un grave daño social al afectar los intereses de cientos de medianos y pequeños inversores. El daño ocasionado trascendió así con creces los meros intereses individuales comprometiendo al orden público económico», ponderaron los magistrados en su presentación ante el juez Miño.

Tras realizar la presentación durante el mediodía, Rodríguez, Gonella y Biscay se reunieron esta tarde con decenas de los damnificados por la estafa, a quienes informaron sobre los alcances de la presentación y el estado de la causa y agradecieron el aporte de las víctimas para esclarecer los hechos. El año pasado, luego de presentada la denuncia por parte de varios damnificados, los fiscales habían escuchado sus reclamos, tras lo cual tomaron más de un centenar de testimonios que fueron fundamentales para el impulso de la causa.

Entre los damnificados por las maniobras se encuentran desde pequeñas sociedades de fomento hasta víctimas del terrorismo de Estado o sus familiares, que canalizaron en Bolsafe los ahorros o los bonos recibidos en concepto de indemnizaciones con la promesa de Rossini de pagarles un rédito económico a través del «alquiler» de los títulos, operación bursátil prohibida en el mercado local.

«Rossini mentía a sus clientes generando desconocimiento en las víctimas que ignoraban que las operaciones de alquiler de títulos ofrecidas por Bolsafe Valores S.A. estaban prohibidas por el mercado, y que BV Emprendimientos (antiguamente Bolsafe Valores Emprendimientos S.A.) no era una sociedad de bolsa autorizada, ni una sucursal, ni una agencia de aquella, por lo que no se encontraba autorizada a administrar una cartera de clientes bursátiles, sino que tampoco conocían que a partir de la transferencia de sus valores a BV Emprendimientos perdían la titularidad de las especies que eran liquidadas en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil», explicaron los fiscales en el extenso requerimiento de casi 60 carillas.

El principal imputado comenzó a actuar con este tipo de operaciones en 2003. La modalidad delictiva de funcionamiento consistió en captar a los clientes -comitentes, en el lenguaje apropiado a este caso- quienes entregaron sus valores a Bolsafe. Independientemente de la existencia de un contrato de «alquiler», esta sociedad luego los transfería sin consentimiento de sus titulares a BV Emprendimientos, también manejada por Rossini, y luego los liquidaba a través del Banco de Galicia.

Las estafas fueron posibles gracias a la cobertura del Mercado de Valores de Santa Fe y del Banco de Galicia. El Mercado debió supervisar que Bolsafe y BV Emprendimientos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizadas. En ese sentido, los fiscales señalaron que en las auditorías que el Mercado de Valores estaba obligado a realizar «debía surgir que había un significativo flujo de valores negociables hacía la cuenta de BV Emprendimientos. La falta de acción del Mercado de Valores implicó su complicidad con la maniobra».

En tanto, el Banco de Galicia debió reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como lo estipula la ley antilavado, que las empresas de Rossini estaban realizando operaciones sospechosas de blanqueo de activos obtenidos -en este caso- mediante una defraudación. Los fiscales remarcaron que no llamaron la atención de la entidad bancaria las operaciones de más de 80 millones de pesos que realizó la empresa en sólo ocho meses, cuando había declarado ante la entidad crediticia que su actividad principal era el desarrollo y la comercialización de software.

«La estructura montada por Mario Rossini pudo mantenerse en el tiempo durante años porque el gran caudal de clientes, nuevos y de antigua data, le permitía ir cumpliendo con los requerimientos que le hacían quienes querían retirar sus acreencias», indicaron los fiscales.

La propia dinámica de las operaciones fraudulentas le permitieron tener liquidez para ir pagando los compromisos devengados en los falsos contratos de alquiler, mientras lograba que los clientes no le reclamaran los títulos y siguieran confiando en él. Pero Rossini enfermó, no pudo mantenerse al frente de la empresa y finalmente las maniobras y la insolvencia fueron saliendo a la luz, lo que derivó en una «corrida» que culminó con el descubrimiento de las maniobras.

Sin embargo, resaltaron los representantes del Ministerio Público, «el trato privilegiado que recibía Rossini en la sucursal Santa Fe del Banco Galicia se extendió incluso hasta los últimos momentos, cuando ya todo estaba por estallar, cuando se acercaban numerosas personas a cobrar cheques y, ante la falta de fondos en la cuenta, el Banco, en vez de rechazarlos como correspondía, le sugería a la persona informalmente que fuera y hablara con Rossini para solucionar la situación».

«Esta protección incluso continuó después de descubierta la maniobra cuando se obstaculizó el actuar de la justicia remitiendo información falaz», añadieron los fiscales. Y, en ese sentido, destacaron que «la entidad informó que el destino final de las transferencias recibidas» en una de las cuentas «eran cauciones bursátiles, cuando luego se comprobó que esa cuenta, en verdad, era utilizada en un 94 % de los casos para liquidar los títulos en el mercado».

Fuente: Fiscales.gob.ar/Zona Crítica On Line