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Alvarado, atentados mafiosos y policías corruptos dentro de la banda criminal

Este viernes fue imputado Esteban Alvarado por dos fiscales rosarinos. Se lo acusa de liderar una banda criminal destinada a amenazar a funconarios judiciales, torcer la investigación del homicidio de un prestamista y dirigirla hacia Los Monos. Todo con ayuda de policías de la Unidad Especial que estaba investigándolo.

La audiencia duró varias horas. Fue tensa. Frente a los fiscales Matías Edery y Luis Schappa Pietra se ubicaron Esteban Alvarado, un capo del crimen de la zona sur, ex reducidor de autos de alta gama y posible mandamás de un esquema dedicado a la venta de drogas. Martín Rey, hasta ayer Jefe Operativo de la PDI y su hermano Marcelo, mano derecha de Martín. Jorgelina Chávez, también policía, Pablo Báncora –que hasta hace un mes se desempeñaba como principal pesquisa de la Unidad de Gravedad Institucional, dentro del MPA-, y Marcelo Ocampo. Todos ellos fueron asistidos por el equipo del estudio jurídico que comanda Paul Krupnik, reconocido por haber sido el asesor legal de narcotraficantes de renombre en los últimos años en Rosario.

Las audiencias se desarrollaron una semana después que este medio informara sobre una orden no escrita del fiscal regional Patricio Serjal de posponer medidas importantes (allanamientos y detenciones) y audiencias imputativas a Alvarado y su banda para luego de las elecciones generales del 16 de junio.

Para los fiscales, está claro que Alvarado fue el autor intelectual del crimen de un prestamista llamado Lucio Maldonado, que fue ejecutado por matones el 13 de noviembre pasado y arrojado sin vida desde un coche con seguimiento satelital en la Avenida de Circunvalación en Rosario. Ese hecho, desprolijo para la personalidad fría y competente de Alvarado, fue el que derivó en una serie de medidas gracias a conocer el raid de los criminales que acabaron con la vida de Maldonado. Fue así que resultó posible dar con un complejo de casas en un barrio privado – adjudicado a Alvarado- donde vivía el ex jefe de la Sección Antinarcóticos de la PDI, Javier Mackat. Luego, el 7 de diciembre de 2018, una comisión policial allanó una casa quinta en una isla ubicada en el departamento Victoria, en Entre Ríos, frente a la ribera rosarina. Esa casa fue apuntada por un testigo de identidad reservada que la señaló como una de las tantas casas de Alvarado. En la casa no se encontró nada de relevancia jurídica, pero la diligencia tuvo un color inesperado: la aparición en lancha de la diputada nacional Alejandra Rodenas, junto a su esposo, uno de sus hijos y el abogado Paul Krupnik, hecho que fue develado en este portal oportunamente.

Esta vez, los fiscales imputaron “al Esteban” ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a amedentrar a funcionarios judiciales y del MPA con el propósito de coaccionar de esa forma y lograr terror en los investigadores. La maniobra contaba con un repugnante eslabón: los propios policías que debían investigar a Alvarado, trabajaban para él. Al menos ésa es la sospecha de los fiscales, que describieron en la audiencia una serie de actos tenebrosos que explican la vulnerabilidad del sistema, la contaminación de la fuerza policial, o nichos de ella, compradas por el crimen organizado, y el desprecio por la vida misma.

Edery y Schappa Pietra imputaron a Alvarado  por los delitos de amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como instigador del mismo (tres hechos) y Jefe de Asociación ilícita en calidad de autor.

A Martín Rey se le imputó incumplimiento de los deberes de funcionario Público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor. A su hermano Marcelo , lo mismo. A la policía Chávez, se le achacaron  los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público , encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho, y trafico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del Ministerio Público de la Acusación. A Marcelo Ocampo por amenazas coactivas y encubrimiento agravado ; y a Pablo Báncora por incumplimiento de los deberes de funcionario público, Encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y Cohecho y  tráfico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del MPA.

Los Hechos

Para la Unidad Especial de Gravedad Institucional, Alvarado estuvo detrás de las balaceras ocurridas en diciembre del año pasado y enero de 2019. Una de ellas se ejecutó el 10 de diciembre a las 2.16 de la mañana y tuvo como objetivo el frente del Palacio de Tribunales de Rosario, ubicado en Balcarce al 1.600. Esa vez, dos personas en una moto bordó se detuvieron frente al edificio y bajaron 12 tiros, el acompañante usó un calibre de 9 mm y dejo un cartón con una leyenda: “con la mafia no se jode. Atte:  Esteban Alvarado”. Veinte minutos después, tirotearon el Centro de Justicia Penal en calle Sarmiento al 2.800. Eran dos personas, en una moto enduro roja y blanca. Cinco tiros impactaron en el edificio y dejaron un cartel de cartón con la misma frase anterior.

“Previo a efectuar el hecho y con el objetivo de desviar la atención del personal policial de vigilancia, M. G.  -ya imputada en fecha 22/12/18 – se presenta ante los efectivos simulando estar enferma, generando así una maniobra distractiva. Una vez cometido el hecho ordenan insertar en el teléfono supuesto de una persona relacionada a la familia Cantero, mensajes que lo relacionaban con aquella mujer”, señalaron los fiscales.

Otro hecho atribuido a Alvarado es el que ocurrió el 19 de enero pasado. Esa noche, personas desconocidas dejaron la cabeza de un perro dentro de una caja en la puerta de la casa de una empleada del MPA, asignada a la Fiscalía de Edery, con el propósito de generar terror y lograr así el desvío o la relajación de la causa por la muerte de Maldonado. La banda liderada por Alvarado repartía sus tareas de acuerdo a tres eslabones: el primero integrado por personas dedicadas a obtener medios para la ejecución de delitos contra la propiedad y las personas. Proveían armas y vehículos y retribuían económicamente a quienes los ejecutaban. Hacía seguimientos e identificación de personas. El segundo eslabón lo formaban personas que bajo sus órdenes ejecutaban hechos ilícitos para garantizar la impunidad de la organización. Allí reportaban profesionales y personal policial. Estos últimos daban información falsa a los investigadores e informaban a la banda de Alvarado los avances de la causa y omitían o simulaban operativos tendientes a dar con la detención del cabecilla. Este estamento lo integraban los policías Martín y Marcelo Rey y Jorgelina Chávez. El tercer eslabón, siempre bajo los órdenes de Alvarado, lo formaban personas dedicadas a crear empresas comerciales unipersonales, que permitían ocultar la estructura societaria. La mayoría de ellas del rubro logísitca y trasporte.  Estas sociedades eran la pantalla que permitió a la banda tener inmuebles disponibles para esconder vehículos de distinto porte, logística, armas, dinero y estadía para diversas personas.

Martin Rey, hasta el jueves pasado jefe de Operaciones de la PDI, fue imputado por haber falseado información y en su rol de jefe haber ordenado a sus subalternos que informen falsamente sobre el dominio de un coche que había sido captado por las cámaras con un rol clave en el hecho en el que fue amenazada una empleada de la Unidad Fiscal. En un informe aportado a la causa, se detalló un auto con una patente deliberadamente errada, para dirigir la pesquisa hacia un punto muerto, alejando al principal sospechoso del crimen de Maldonado.

Rey también le mintió a los fiscales cuando indicó que un grupo de colombianos, que estaban escondidos en Pueblo Esther, eran los responsables de los balazos del 10 de diciembre, “a sabiendas que eso no era verdadero, y con la intención de desviar la atención hacia la familia Cantero”. Rey también generó un allanamiento el pasado 29 de abril en el que tuvo como fin insertar un celular para luego utilizar su información para desviar la participación de Alvarado del atroz crimen del prestamista. Su hermano, David Marcelo, colaboraba con su hermano en garantizar la impunidad del investigado.  A Jorgelina Chávez se le imputa haber ideado una maniobra pergeñada por la banda para utilizar un mensaje de whastapp para desviar la investigación.

Marcelo Ocampo fue imputado por haber participado del terrible acto de amenaza a una empleada de la Fiscalía a cargo de la pesquisa contra Alvarado. Su colaboración fue clave en el hecho del 31 de enero pasado. Su aporte fue el de haber realizado tareas de seguimiento, filmaciones y tomas fotográficas sobre el domicilio atacado, en un coche Wolswagen Up, similar al registrado por las cámaras.

El Gordo Báncora

A Pablo Báncora, quien era el hombre clave de la Unidad Fiscal por su experiencia en la investigación de bandas criminales, se le imputo, justamente, haberse mimetizado tanto, que terminó formando parte de ellas. Concretamente, para los representantes del MPA – que lo tenían como el principal investigador de las balaceras a edificios de la justicia rosarina-  Báncora le entregó información sensible a terceras personas relacionadas a Alvarado, para que el jefe tome conocimiento de información reservada. Por ejemplo, el 18 de diciembre del año pasado, le envió un whastapp a Jorgelina Chávez con datos de una persona relacionada a la familia Cantero. Decía: Ahí , ése, está recontra relacionado con las balaceras”. Chávez le dice: “Ok, mañana voy para allá”. Todo ello para forzar la intervención telefónica de una línea de celular, como parte del plan general de Alvarado. También se le reprochó haber “vendido” a personas vinculadas al “Esteban” el dato que el 20 de diciembre pasado iban a realizar allanamientos en distintas propiedades atribuidas a Alvarado. Tres días antes, el 17 diciembre, uno de los Fiscales le adelantó las diligencias. La información fue clave para que el jefe de la banda tome medidas y los allanamientos se suspendieron. También, según Edery y su colega, le transmitió a allegados de Alvarado información muy delicada sobre el testigo de identidad reservada (que está incorporado al expediente aportando información), “a cambio de dinero”.

Báncora comenzó a mostrar zonas oscuras de su comportamiento  a principios de diciembre pasado, cuando fue el jefe del operativo en la isla que terminó precipitándose con la llegada de Rodenas, su esposo, su hijo y Paul Krupnik.  Según fuentes de la causa, fue el que informó verbalmente a los fiscales sobre la presencia de la diputada nacional en la casa de la isla, pero luego se desdijo cuando le tocó declarar como testigo. Dijo sólo haber visto a una mujer y a tres hombres, sin lograr identificarlos, pese a su enorme experiencia y antecedente: había sido el encargado de las escuchas telefónicas a la banda de Los Monos en el expediente 913 que tramitó en el viejo sistema penal el más que polémico juez Juan Carlos Vienna.

Báncora, entonces en comisión judicial, luego con un paso fugaz por la PDI, y hasta hace un mes, cuadro del Organismo de Investigaciones, conoce a todos los abogados de renombre en estas causas. Era imposible no identificar a Krupnik, un asiduo visitante de despachos penales de la justicia provincial y federal.  “El gordo” quedó esmerilado con esa jugada, no esperada por el grupo de pesquisas que le bajaba la lupa a Alvarado varias horas por día. Después del episodio de la isla quedó la duda si, pudo haber sido él, quien informó sobre el allanamiento a la casa quinta de la zona de Victoria. Hecho que, al lado de la imputación, suena a anécdota de café.

Autor: Héctor M. Galiano

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